Arranca el juicio a tres acusados de descuartizar a un empresario: la deuda y los lotes que desataron la codicia

A Fernando Pérez Algaba (41) le decían “Lechuga”. Era empresario, trader o vendedor de autos, depende el momento. Lo conocían en la zona oeste del GBA y hasta había intentado posicionarse en el mundo de las criptomonedas. Su hermano Rodolfo, 18 años mayor que él, un día lo miró y le dijo: “Tené cuidado, no me gustan estas personas”. Se refería a Maximiliano Pilepich (47) y Nahuel Sebastián Vargas (46), que junto a Matías Gil (31) serán los primeros en llegar a juicio por el crimen.

Este lunes en los Tribunales de Lomas de Zamora comienza el debate y un jurado popular deberá decidir si Pilepich, Vargas y Gil son responsables del homicidio y cuál es el grado de participación de cada uno y la calificación legal que les cabe.

La audiencia empezará a las 8, con la selección del jurado. En el primer día, luego de resolver cuestiones preliminares, podría declarar Rodolfo Pérez Algaba.

El debate -que se extenderá hasta el 8 de julio- está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora y será presidido por Juan Manuel Rial, quien que finalmente será quien fije las penas que corresponden a cada uno de los imputados, eso en caso de que el jurado popular (compuesto por 12 civiles y seis suplentes) los considere culpables.

La acusación estará encabezada por la fiscal Marcela Dimundo y los representantes del particular damnificado (en este caso Rodolfo Pérez Algaba) por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Los imputaron por homicidio triplemente agravado por alevosía, por codicia, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

Pero no solo Pilepich, Vargas y Gil son los acusados de este brutal crimen, ya que Luis Alberto Contreras (40), Horacio Mariano Córdoba (50), Fernando Gastón Martín Carrizo (36) y Flavia Lorena Bomrad (41) serán juzgados por un tribunal técnico en un juicio que aún no tiene fecha. Blanca Gladys Cristaldo (61), por su parte, está acusada de encubrimiento agravado.

Durante la instrucción y en sus declaraciones, Vargas y Pilepich se acusaron mutuamente por lo que nunca estuvo claro cuál de los dos apretó el gatillo para asesinar a Pérez Algaba. Lo cierto es que la imputación es contra los dos por el homicidio.

Gil, en tanto, era empleado de la constructora de Pilepich y fue quien retiró unos documentos de reconocimiento de deuda firmados por aquel. Las antenas de telefonía celular lo ubican junto a la víctima y los otros dos imputados el día del crimen.

Pilepich es defendido por Enrique Tronceda, la defensa de Nahuel Vargas está en manos de Celeste Schenfeld y la de Gil por Yamil Castro Bianchi.

Según la acusación, entre las 18 del 18 de julio y las 3 del 19 de julio de 2023 Pérez Algaba se dirigió al predio “Renacer”, un emprendimiento inmobiliario en General Rodríguez, a bordo de una camioneta Range Rover blanca.

“Lechuga” tenía intención de instalarse en España y viajó exclusivamente a Buenos Aires para cobrar una deuda de 20.000 dólares que Pilepich tenía con él por la venta de terrenos del predio en el que se proyectaba la construcción de un barrio privado. Ese monto sería parte de un acuerdo de pago mayor que había sido documentado en una escribanía de Castelar.

La acusación fiscal sostuvo que Pérez Algaba recibió dos disparos “en la parte posterior del torso” mientras se encontraba cambiando una lamparita en una oficina del predio. Los proyectiles ingresaron por la espalda a una distancia “superior a los cincuenta centímetros, provocando lesiones en pulmones e hígado que derivaron en una hemorragia aguda y el fallecimiento”, según las pericias.

Para la justicia, el móvil del crimen fue la “codicia” porque esperaban, con el asesinato, eludir el pago de las deudas y la entrega de 17 de los lotes del barrio privado.

No conformes con asesinar a Pérez Algaba, los acusados coordinaron un plan para descuartizarlo y ocultar el crimen. Los restos desmembrados fueron colocados en bolsas de nylon negras y distribuidos en una valija roja, una mochila negra con inscripciones del Municipio de Lomas de Zamora y bolsas de consorcio.

Los restos de la víctimas fueron arrojados al Arroyo del Rey en la zona de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Las primeras partes fueron encontradas por unos chicos que jugaban a la pelota el 23 de julio, el resto los días siguientes en distintos puntos en medio de las pericias que buscaban identificar el cuerpo..

Para la investigación fue clave el análisis de las antenas de telefonía celular, que registraron una coincidencia de ubicación entre los teléfonos de la víctima, Pilepich y Gil en las cercanías del Puente Gnecco la noche del crimen. Asimismo, se determinó que Horacio Mariano Córdoba (Policía de la Ciudad) facilitó a Pilepich un celular perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar movimientos sin ser detectados. Cámaras de seguridad también captaron el recorrido del vehículo Ford Mondeo de Córdoba junto a otros autos de los imputados hacia la zona del hallazgo de los restos.

Si bien Pilepich y Vargas brindaron declaraciones en las que se acusaron mutuamente de efectuar los disparos, el juez consideró la coautoría de los involucrados. En la etapa previa no se estableció una acusación alternativa para ninguno de los imputados, por lo que, al ser un juicio por jurados se necesitan los votos por unanimidad de los 12 integrantes para ser considerados culpables. En caso de que no lo consigan, la única opción es la absolución.